¿Por qué pese a las reformas la mayoría de los trabajadores de Cuba son empleados estatales?

Una vez creí que los cubanos abandonarían en masa sus trabajos en el sector estatal para dedicarse a negocios privados. Esto, aprovechando la primera reforma importante del presidente Raúl Castro que abrió las puertas al trabajo por cuenta propia.

Pero no fue más que un espejismo en mi paisaje cercano.

Paralelo a esa apertura, el gobierno anunció un plan de despidos a gran escala para disminuir en 1,3 millones los empleados del Estado.

Los despedidos no llegaron al medio millón, pero algunos trabajadores se despidieron solos: pasaron de ser jueces a manejar “bici-taxis”, de ingenieros a arregladores de teléfonos celulares, de médicos especialistas a especialistas en la búsqueda de un contrato de trabajo en el extranjero.

Cerca del 75 % de la población económicamente activa en Cuba aún trabaja en el sector económico estatal, mientras el 25 % lo hace en el privado y se conocen aquí como “cuentapropistas”.

Un reporte del semanario Trabajadores —órgano oficial del único sindicato legal en Cuba— informa que las actividades más representativas son la elaboración y venta de alimentos, con el 11% de todas las licencias, transporte de carga y pasajeros, con el 10%, arrendamiento de viviendas y habitaciones, con el 6%, y agente de telecomunicaciones, con el 5%”.

Los datos reflejan el orden exacto de las necesidades y aspiraciones del cubano común: comida, transporte, espacios personales y acceso a la tecnología.

“Yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan…”

Los empleados estatales están atrapados en un círculo vicioso al que muchos, irónica y resignadamente, definen así: “yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan”. La frase mata dos pájaros de un tiro: refiere los bajos salarios y también la baja productividad.

Hay cosas que no se ilustran con cifras, y la motivación es una de ellas.

Podría recurrirse al salario promedio actual, que ronda los US$25 mensuales, pero el sentir de las personas revela más que la estadística: trabajar en el sector público cubano anda lejos de ser el grato honor que debería.

La mayor parte de los empleados quisiera montarse un negocio propio para incrementar sus ingresos, y a la vez salir del tedio de jefes, reuniones estériles, guardias obreras “voluntarias”, etc.; pero hay demasiado trecho entre deseo y oportunidad.

Capital

No todos tienen recursos para emprender. El capital es necesario aún para poner una mesita de madera en el salón de la casa y hacerles la manicura a las vecinas del barrio.

La simple sugerencia de ahorrar dinero con un salario de empleado estatal es broma de mal gusto.

El Banco Popular de Ahorro (BPA) respalda el préstamo para inversiones, pero el mecanismo no resulta suficientemente atractivo a los ciudadanos. Al cierre de 2014, a penas 469 cuentapropistas –de un total de casi 500 000— habían solicitado financiamiento a esa institución.

La comunidad de cubanos emigrados, por otro lado, ha tenido cierta incidencia en el surgimiento de pequeños negocios familiares. No hay información oficial al respecto.

Burocracia e ineficiencia

Son vicios típicos del sector estatal que hicieron metástasis hacia el emprendimiento privado.

En Cuba existe una lista de cerca de 200 actividades autorizadas y conceptualizadas por las autoridades.

Luego si usted desea dedicarse, por ejemplo, al montaje de televisores y microondas en la pared (algo que tiene demanda en Cuba) debe sacar una licencia cuyo título y contenido no guarda relación directa con lo que hará en la vida real.

Lógicamente es imposible redactar una lista que abarque todas las dinámicas honestas de una economía cualquiera; sin embargo el gobierno no lo entiende así, su lógica parece ser distinta.

Las actividades se encuentran bajo supervisión de instituciones estatales como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el de Transporte, las direcciones municipales de la Vivienda, o la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), e indirectamente arrastran las deficiencias de aquellas.

El dueño de un restaurante me aseguró que, aunque podría gestionarlo, prefiere prescindir del llamado POST en su negocio.

El POST (sistema que facilita el cobro a través de tarjetas electrónicas) rara vez funciona con eficiencia en las tiendas del Estado. “Y yo no voy a obligar a mis clientes a esperar más de media hora para pagarme después de una comida”, dijo.

Desabastecimiento y mercado negro

Las materias primas provienen en buena medida del mercado negro.

Tornillos, harina para pan, combustibles, etc., son desviados desde empresas estatales para sustentar las actividades de los autónomos.

Una simple cuenta de bodega demuestra que un vendedor de pizzas, por ejemplo, tendría que triplicar los precios de su oferta si comprara la harina de trigo y el queso en el mercado legal. Muchos no se atreven a nadar en esas aguas.

El gran problema, sin embargo, no son los altos precios del mercado legal, sino el absoluto desabastecimiento del mismo. No hay estabilidad en la oferta y hasta la sal se toma vacaciones de vez en cuando.

Beneficios y conformismo

En el sector estatal los trabajadores tienen más protección salarial en caso de sufrir accidentes o enfermedades, y desde allí se accede con mayor facilidad a licencias remuneradas por concepto de maternidad.

Hay cuestiones como el acceso a Internet en algunas empresas, las vacaciones por estímulo institucional, el acceso a automóviles de propiedad estatal y a determinados productos o servicios, que muchos estiman ventajas de peso mayor.

Algunos esperan que las cafeterías, peluquerías o fábricas donde han trabajado toda la vida pasen al modelo de gestión cooperativa, y depositan en ello sus paciencias y esperanzas.

Otros, sencillamente, perdieron el tren. Y con él se les fue el ánimo necesario para salir de sus rutinas laborales; ahora ya son incapaces de tomar una decisión de riesgo. Tiene que ver con la edad, pero sobre todo con la edad de la mente.